El impuesto a las ganancias. El cobro de impuesto a los ingresos provenientes del trabajo –mal llamado impuesto a las ganancias- no es una originalidad del sistema tributario argentino. De hecho, la contribución impositiva en Argentina es inferior a la que se realiza en otros países de América Latina y, sobre todo, respecto de países con mayor grado de desarrollo.

Este impuesto, bien aplicado, es progresivo en un sistema doble. Por un lado, debería afectar únicamente a los trabajadores de más altos ingresos y por el otro, debido a que la tasa del impuesto se eleva a medida que las remuneraciones son mayores, aquellos asalariados registrados de ingresos superiores deberían contribuir más que los de menores salarios.

El impuesto a los “altos ingresos” contribuye a una mayor igualdad social dentro del colectivo de asalariados formales al mismo tiempo que permite financiar al Estado para aplicar políticas redistributivas.

En el marco de un proyecto nacional, tenemos la responsabilidad de abogar por la igualdad y la justicia social. Debemos promover la solidaridad con los sectores más vulnerables que en la actualidad son los trabajadores informales (el 33 por ciento de los asalariados) y los desocupados (7% de la población económicamente activa). 

La ausencia de la actualización del MNI de la cuarta categoría del Impuesto a los ingresos, de las deducciones y escalas que se usan para la tributación, provoca que cada vez más trabajadores paguen el impuesto. Actualmente afecta al 19 por ciento, aunque en el 2007 sólo alcanzaba al 8,65%.

A pesar crecimiento importante del Mínimo No Imponible, cuando se lo compara con la inflación, se evidencia un fuerte retraso. El MNI se actualizó en menor medida que el índice de precios al consumidor, ya que los precios subieron, entre el 2007 y 2012, un 273% y el mínimo creció apenas 174%. 

Por estos motivos, el piso para los trabajadores solteros sin hijos debe llegar a los 9.314 pesos, pero en la actualidad tributan aquellos que ganan más 5.782 pesos. En tanto, el MNI para trabajadores casados con dos hijos debería alcanzar los $12.494, y no los 7.998 pesos que pagan en la actualidad.

Como consecuencia de la falta de actualización del impuesto hubo una pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, ya que los recientes aumentos salariales provocaron que franjas de trabajadores con sueldos medios empiecen a tributar. Además, aquellos que ya contribuían impositivamente padecieron una carga mayor. Para evitar una reducción de los ingresos se debe establecer un criterio que actualice de forma periódica el MNI.

Los trabajadores debemos impulsar la modificación del sistema tributario actual, que es regresivo y expresa al modelo neoliberal de los ’90, porque se apoya en la recaudación a través del “consumo” utilizando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una de las alícuotas más elevadas del mundo. También exenta del pago de impuestos a las transacciones y a la renta financiera.

Sería lógico que el proyecto nacional y popular establezca una estructura tributaria donde se ejerza mayor presión en algunos grupos rentables y menos en los sectores populares.

Para SADOP la reforma tributaria es la cuestión de fondo. Algunas propuestas concretas para la modificación del sistema vigente podrían ser la devolución del IVA de los bienes de la canasta básica para sectores populares, la modificación del Impuesto a las Ganancias para gravar la renta financiera, actualizar el MNI de la cuarta categoría, establecer un impuesto a la transacción gratuita de bienes (herencia) e incrementar la alícuota para la captación de la renta minera, entre otras.

Si la apuesta es incentivar el consumo de los trabajadores sosteniendo el empleo y la redistribución del ingreso, no hay mejor momento que el actual para responder a la escalada mundial conservadora que apunta a transferir ingresos del trabajo al capital. Tenemos que mejorar la distribución del ingreso a través de los tributos, y para ello, es fundamental consolidar un sistema tributario progresivo.

El anteproyecto de Ley de Impuestos a los Ingresos es el aporte de SADOP al debate que se debe dar sobre el tema en el Congreso de la Nación.