La historia se repitió. Como cada fin de año, escuelas privadas de la provincia de Santa Fe despidieron docentes, esta vez en la ciudad capital provincial, donde los colegios La Salle Jobson y la Escuela Primaria 1291 I.P.E.I. “Leonardo da Vinci” del Club Atlético Unión, echaron a cuatro trabajadores sin causa.

Por eso, las delegaciones de Santa Fe y Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) volvieron a reclamar la aprobación de una ley que había tenido media sanción de la Cámara de Diputados santafesina hace dos años, pero que perdió estado parlamentario al no ser tratada en Senadores. El proyecto contempla la quita del subsidio estatal por el cargo de cada docente que sea despido sin justificación.

El secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, consideró en diálogo con El Ciudadano que “es una barbaridad” la metodología que utilizan estos colegios, ya que “usan la plata del Estado para pagar los sueldos y la de los padres para pagar indemnizaciones”.

Según el dirigente gremial, los arbitrarios despidos responden a “causas inconfesables”, directamente vinculadas a la discriminación por creencias religiosas, orientación sexual o ideología política.

Por otra parte, Lucero aseguró que este año el Sindicato Argentino de Docentes Privados intentará avanzar en un sistema de escalafones que termine con los nombramientos “a dedo”, lo que –según manifestó– representaría “el cambio más transcendente en la historia de la educación privada de la Argentina”.

—¿En que consiste el proyecto de  ley que impulsará Sadop?

—El proyecto no sanciona los despidos porque es algo que no se puede hacer desde la Legislatura provincial; lo que hace es quitarle el subsidio del cargo a aquellos colegios que echen docentes sin causa. Si se le paga a un director una indemnización de 500 mil pesos, significa que ese colegio no necesita plata del Estado. En ese caso, la provincia retiraría ese dinero. Lo que generaría la ley es una actitud disuasiva del despido mismo. Los colegios privados usan la plata del Estado para pagar los sueldos y la de los padres para pagar indemnizaciones. Es una barbaridad, teniendo en cuenta que el Estado financia a estos establecimientos con mecanismos públicos, o sea dinero de todos los santafesinos.

—¿Hay alguna razón por la que se dan estos despidos?

—En sentido estricto, responden a causas inconfesables. Hay motivos religiosos, de orientación sexual, de ideología política y de conflictos internos entre representantes del colegio y los maestros. Los cargos se reemplazan, pero como nosotros no tenemos escalafón, se cubren discrecionalmente. Si los colegios quieren echar a un docente porque no cumplió su función, le pueden hacer un sumario como establece la ley y despedirlo con causa. Si los echan sin causa, significa que no necesitan del dinero público. Además, parece que están midiendo la fuerza del nuevo gobierno provincial y le quieren marcar la cancha al gobernador Miguel Lifschitz.

—¿Por qué la ley está frenada?

—La norma tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero perdió estado parlamentario porque la composición anterior del Senado no lo trató. Diputados de todos los partidos votaron el proyecto, excepto el sector radical del Frente Progresista, el PRO y el bloque peronista que respondía en ese entonces a María Eugenia Bielsa; todos ellos se abstuvieron. En ese momento, hubo un excesivo temor de parte de los senadores a tocar el interés de los colegios privados, especialmente los de la Iglesia católica, que hizo lobby en contra de la ley.

—Teniendo en cuenta el cambio de la composición del Senado, ¿tienen confianza en que se apruebe?

—Vamos a impulsarla de nuevo y creemos que va a salir en 2016, teniendo en cuenta que la situación cambió y el mensaje de protección del trabajo que emite el papa Francisco les da más legitimidad a este tipo de reclamos. El proyecto tiene como objetivo cuidar el dinero público en función del trabajo, más en un contexto de retracción del empleo como el que vemos ahora, considerando que el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación (Alfonso Prat Gay) plantea que los sindicatos debemos negociar sueldos por fuentes de trabajo. La ley que planteamos tiene un antecedente, que es la de emergencia laboral de la provincia, por la cual el Estado sacaba todas las exenciones impositivas a las empresas que no mantuvieran los puestos de trabajo.

—¿Qué monto representan los subsidios a las escuelas privadas?

—Reciben más dinero que todas las comunas de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos al año. Por eso, avanzar en ese esquema de regulaciones ayudaría a evitar este tipo de situaciones que son escandalosas en una actividad que está subsidiada por el Estado en un 90 por ciento. Los padres deben saber que sin el dinero de la provincia las escuelas privadas no pueden funcionar.

—¿Qué importancia tendría la implementación de escalafones?

—Puede ser el cambio más transcendente en la historia de la educación privada de la Argentina. Inventaría la carrera docente para la educación privada. Por eso, los reemplazos y ofrecimientos no se harían en función a cómo le cae cada trabajador a los representantes legales de turno, sino que estaría todo vinculado al mérito. Igual que cuando se jubila una docente; allí se la reemplazaría con los que están primeros en el escalafón, como sucede en las escuelas públicas. Esto lo vamos a discutir en paritarias y ya hay algunos borradores que están circulando.