Cuestiona un decreto que otorga aportes a entidades particulares propietarias de establecimientos educativos. Son para gastos de funcionamiento, y el gremio sostiene que esas entidades “no los necesitan”. Pide una distribución más justa a favor de las escuelas privadas pobres.
De la Redacción de El Litoral
Mediante una carta abierta difundida esta mañana, la dirigencia del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) criticó una norma del Ejecutivo Provincial. Aludió al decreto Nº 2.895/14, por el que se le otorga un subsidio para pagar los gastos de funcionamiento a entidades propietarias de escuelas privadas que son la única oferta educativa en sus respectivas localidades.
El comunicado, que lleva la firma de Pedro Bayúgar (secretario general del Sadop Santa Fe) y Martín Lucero (secretario general del Sadop Rosario), está dirigido al gobernador Antonio Bonfatti, y sostiene que esos subsidios “profundizan la inequidad”, ya que son entregados a escuelas que no los necesitan, y así representan “una desigual distribución de los fondos públicos” en desmedro de muchas escuelas privadas periféricas que son las que más fondos requieren para funcionar.
“El decreto 2.895 profundiza la inequidad de la Ley 13.558 (que habilita la entrega de esos subsidios), porque se sustenta en los mismos errores de distribución de los fondos públicos, y porque fundamenta esta acción política en verdades formales de dudosa realidad”, fustigan los gremialistas.
Casos
En la carta abierta mencionan tres ejemplos: el primero, de un establecimiento de nivel superior cuya propietaria es una empresa aceitera y exportadora de oleaginosas. “Este Instituto Superior está a sólo 3 ó 4 km de Reconquista (que cuenta con muchos establecimientos educativos similares), y que ya recibe el 100 % del aporte estatal para el pago de los sueldos de su personal. Pensar que este establecimiento necesita que le subsidien los gastos de funcionamiento es una falacia”, dice el comunicado.
El segundo caso es el de un establecimiento educativo del centro provincial, cuya propietaria es “una de las mutuales más millonarias de la provincia”. También “es una falacia pensar que este establecimiento, además del subsidio del 100% para el pago de los sueldos, necesita que le paguen los gastos de funcionamiento”, afirman Bayúgar y Lucero.
El tercer caso citado es el de un Instituto Superior ubicado a sólo 15 km de Rosario, “con escasísimo número de alumnos y cuyo propietario es el Arzobispado de esa ciudad”.
“Estos tres ejemplos, del norte, centro y sur provincial, hablan a las claras de la injusticia que encierra este manejo de fondos públicos, sólo fundamentándolo en que es una oferta educativa exclusiva en una localidad”, dicen el Sadop Santa Fe y Rosario.
“Es muy bueno que se invierta en educación, pero es imprescindible que se invierta en quienes realmente lo necesitan. Hay muchos establecimientos educativos privados en los cordones marginales de las más importantes ciudades de la provincia, que necesitan fondos para el pago de los gastos de funcionamiento, y además requieren más cargos y más inversión para poder contener a sus alumnos que sí son verdaderamente pobres y sufren muchas necesidades”, concluye el documento.