por La Capital

En el marco de la fuerte denuncia de maltrato contra una beba de 19 meses en un jardín maternal de Montevideo al 1800, el gremio de los docentes particulares señaló que los controles sobre estas instituciones "son muy difusos". Y piden investigar a los dueños que abren estos espacios.

Ayer se hizo público que los padres de una nena de 19 meses denunciaron que su hija fue víctima de maltrato, al menos verbal, en el jardín de infantes al que concurría. Como prueba presentaron a la Justicia una grabación registrada por un aparato que la criatura llevó oculta en su cochecito, donde se escuchan insultos y gritos.

"Son hechos aislados, situaciones que se dan, que hay que investigarla, sancionar severamente a los responsables y no permitir que estén más en contacto con chicos. Pero no hay que recaer específicamente sobre la figura del docente", señaló Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

Pidió al respecto "investigar quienes son los dueños de los jardines", porque si bien "el docente es quien está al frente, hay un dueño siempre atrás". Y resaltó que para desarrollar esta tarea "es muy importante el rol de Estado, que es quien facilita y habilita que esta gente ponga jardines de infantes".

"Nosotros desde hace mucho tiempo venimos pidiendo que se revise toda la normativa vinculada a los jardines de infantes maternales, porque básicamente el control es muy difuso", agregó Lucero.

Sobre los controles, el dirigente explicó que "una parte los hace la Municipalidad en la cuestión de habilitación y supervisión, otra parte el Ministerio de Trabajo de la provincia en lo que tiene que ver con medio ambiente y condiciones e higiene y trabajo".

"La verdad es que lo paradójico de todo esto es que el Ministerio de Educación no tiene competencia sobre el jardín, cuando pareciera ser el organismo más competente en el ámbito provincial", dijo Lucero.

Por ello, el titular de Sadop Rosario propuso llamar a un trabajo multisectorial en el cual haya una gran mesa, donde estén incluidos los docentes, los sindicatos, los representantes de las entidades propietarias, los ministerios de Trabajo y Educación, el municipio y los padres, a fin de definir "qué formato de control y regulación le vamos a dar a esos jardines".