El ex director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Vicente Serra, aporta al debate del proyecto que pretende regular los despidos arbitrarios en colegios privados.
Por Vicente Ignacio Serra
Ex Director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada
Hace unos años, siendo funcionario del Ministerio de Educación, un destacado propietario de escuelas privadas me dijo que la educación de gestión privada se sustenta en dos grandes principios: la obligación del Estado de subsidiarla mediante aportes económicos permanentes y el derecho de los dueños de elegir y despedir maestros.
Tremenda definición, que hoy parece resucitar y es bandera de instituciones patronales que se oponen al proyecto impulsado por el sindicato de los docentes privados –tiene media sanción legislativa- que le otorga al Estado provincial una herramienta para hacer efectivo el mandato constitucional para que los maestros tengan "protección contra el despido arbitrario".
Los que defendemos la educación privada lo hacemos también ante los abusos de ciertos empresarios de la educación para quienes el aporte o subsidio que la provincia otorga a los colegios es una obligación sin contrapartida a su cargo, ni siquiera el respeto al docente.
Se equivocan. La educación es sostenida mediante impuestos directos e indirectos que pagan todos, aun los más pobres y los que mandan a sus hijos a escuelas públicas. El sentido del sostenimiento de las escuelas de gestión privada es garantizar que quien las elige para sus hijos tenga la efectiva posibilidad de acceder económicamente a ellas.
Entonces, ¿cómo negarle al Estado el derecho de vigilar el destino de esos fondos e impedir que se desvirtúe su finalidad social evitando una conducta arbitraria y antijurídica?
La ley de Educación Nacional garantiza a todos los docentes –incluyendo a los privados- "el derecho al mantenimiento de la estabilidad en tanto su desempeño sea satisfactorio". Nada impide un despido, pero es razonable que, mediante un sumario que garantice el derecho de defensa, se demuestren sus causas. Evidentemente esto no satisface a los propietarios ahora movilizados para impedir la sanción de una norma que le otorga al Estado la potestad de evitar –aunque sea parcialmente- un proceder arbitrario.
Confío en que cuando la Cámara de Senadores apruebe esta modificación en pro de la estabilidad, Santa Fe será pionera en lograr una educación privada socialmente más justa e inclusiva y respetuosa de sus docentes. Bienvenida sea.