El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) decidió convertir en una lucha de carácter nacional, la propuesta de ley santafesina contra los despidos sin causa en los colegios privados, que ya tiene media sanción en la Legislatura provincial. De esta manera, las distintas delegaciones del Sadop se comprometen a presentar proyectos de similares características en cada una de las provincias del país.
El anuncio se realizó esta mañana en una conferencia de prensa en la sede gremial de 4 de Enero 2490, que fue encabezada por Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe, y su par de la seccional Rosario, Martín Lucero. Junto a ellos, estuvieron María Lázzaro, secretaria de Acción Social del Sadop Nacional, y los secretarios generales Fernanda Benítez (Sadop Capital Federal), María Teresa Hernández (Tucumán), Claudio Gelatti (Córdoba) y Marta Ciarrocca (Entre Ríos), además del diputado provincial Leandro Busatto y delegados sindicales de distintos colegios.
“El hecho de que se nacionalice esta iniciativa gremial del Sadop santafesino, nos llena de profundo orgullo. El proyecto de ley -sobre el que impulsamos su aprobación definitiva en la provincia- sanciona a los empleadores que despiden arbitrariamente y sin sumario previo a docentes de los colegios privados”, comenzó explicando Bayúgar.
En noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto del legislador Luis Rubeo que apunta a modificar los artículos 30 y 31 de la Ley 6.427 del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Esa iniciativa dispone que ante todo despido sin causa, la escuela recibirá una sanción del Ministerio de Educación que consiste en la suspensión del aporte estatal para el cargo que ocupaba el docente despedido. El proyecto aguarda su tratamiento en el Senado.
“La Constitución Nacional habla de la necesidad de proteger al trabajador contra el despido arbitrario; y la indemnización no es la única protección. Además, el estatuto del docente particular -ley 13.047- del año 1947 quedó superado por la legislación y el tiempo y merece ser actualizada en cuanto a la sanción para los empleadores que despidan sin causa”, aclaró el dirigente.
Bayúgar enmarcó este reclamo en otra lucha que lleva adelante el Sadop Nacional en pos de conseguir un convenio colectivo de trabajo propio para el sector de la docencia privada. “En una actitud caprichosa e injusta, los empleadores se niegan a suscribir este convenio con nosotros, pero no tienen problemas en hacerlo con el sector de los No Docentes”, criticó.
Libertad de enseñanza
A su turno, Martín Lucero, de Rosario, dijo que el Sadop defiende el aporte del Estado a las escuelas privadas porque el subsidio tiene una finalidad inclusiva al garantizar a los padres la libertad de elección de la escuela de sus hijos, y a los docentes la libertad de poder enseñar donde quiera. “La realidad de todo esto es sencilla: no existen despidos sin causa. Todo despido tiene una causa pero muchas veces son inconfesables; no pueden decir ‘te echo porque no me gusta tu cara o porque quiero acomodar a un amigo. El Estado tiene que regular de manera eficiente y coherente el aporte estatal para garantizar la inclusión educativa y la libertad de enseñanza”, destacó.
Por su parte, Claudio Gelatti, de Córdoba, dijo que esa provincia está avanzando en un proyecto similar al de la legislatura santafesina. “Quienes nos acusan de que con esta iniciativa estamos atentando contra la libertad de enseñanza y la educación, son los mismos que se manejan como patrones de estancias. Así que vamos a impulsar esta propuesta en cada una de las provincias”, adujo.
Desde Capital Federal, Fernanda Benítez añadió que “hay colegios que piden subsidios estatales pero cuando quieren despedir, pagan sin problema indemnizaciones de más de 150 mil pesos. Eso significa que no necesitan aportes del Estado para mantener el proyecto educativo. Por eso es necesario sancionar con la quita del aporte estatal a los que despiden arbitrariamente”.
La secretaria general del Sadop Tucumán, María Teresa Hernández, contó el caso de una docente con muchos años de antigüedad que tuvo un embarazo con dificultades y, a raíz de las licencias médicas que se había tomado, fue despedida de su escuela parroquial privada, quedandose sin trabajo ni obra social y con un niño discapacitado. “Hay que desenmascarar a este tipo de patronal cínica, impune, que se llena la boca diciendo que las escuelas católicas son para integrar chicos. Por eso, es fundamental esta lucha”, cerró.
