Callar ante la mentira es un acto de consentimiento. Ni ética ni moralmente podemos permanecer impasibles ante las falsedades que se esgrimen públicamente y a la vista de todos. Y mucho menos cuando las falacias implican docentes cuyos derechos defendemos y han sido vilipendiados por conductas arbitrarias y reñidas con la valoración social que debería tener la actividad docente.

En el fragor de la actividad gremial podemos entender que los empleadores y las cámaras que los nuclean se opongan a una norma que afecta sus intereses y privilegios históricos respecto a la discrecionalidad y arbitrariedad con la que se realizan los despidos.  En definitiva dichas Cámaras defienden intereses corporativos patronales y el avance en los derechos laborales de los docentes implica un detrimento de sus potestades como parte fuerte de la relación laboral. Toda la historia del derecho del trabajo se cimenta en la constante puja de los trabajadores por lograr conquistas a costa de reducir los privilegios de los empleadores.  

En la misma línea, como es habitual por cierto, era esperable que recurrieran a todas las herramientas que tuvieran a mano para truncar las conquistas laborales.

Lo dicho incluye desde complicados argumentos legales que no encuentran asidero en la realidad (como sostener que la reforma de Ley de Educación Privada de la Provincia implica “estabilidad” lo cual además de falso es imposible jurídicamente) hasta realizar el más amplio lobby con los legisladores exhibiendo argumentos que los muestren como pobres víctimas de la situación.

Nada de esto es nuevo para los docentes privados. Cada reivindicación planteada desde SADOP a favor de sus docentes encuentra resistencia patronal a través de diversas manifestaciones y acciones.  Nunca hay concesiones ni actos de liberalidad. Cada derecho ganado tiene detrás una lucha que lo sostuvo.

Sin embargo y a pesar de estas consideraciones, no podemos dejar pasar por alto algunas manifestaciones que se han dado en los últimos días y que, detrás del debate del proyecto de ley, contrabandean mentiras flagrantes y vergonzantes.

La Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (FESAIEP) es una de las Cámaras Patronales de la actividad en Santa Fe. Si bien su escasa representatividad le impide ser parte de organismos tales como el Cuerpo Asesor del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, el silencio de las Cámaras Empleadoras mayoritarias, les ha concedido el lugar de ser los voceros de patrones en estos días.

No fue una sorpresa que la media sanción de la norma que fomentaba los despidos causados y desalentaba la arbitrariedad de los distractos laborales fuera considerada por esta institución como “Muy malas noticias para la Educación Privada de la Provincia de Santa Fe”[i].  Más allá de lo anecdótico del título (algo así como lo que es malo para nosotros, es malo para toda la educación privada porque “la educación privada somos nosotros”), es claro que todo lo que implique fortalecer los derechos del trabajador no son noticias gratas para el empleador.

Si, causaron asombro, y porque no decirlo un poco de estupor, las declaraciones que sostenían que “No somos patronales apretadoras”[ii].  De un rápido repaso de las entidades afiliadas a la FESAIEP y la revisión de las constancias de nuestro gremio surge claramente que no sólo son patronales en la que existen los aprietes sino que además muchas de las entidades afiliadas a la FESAIEP son malos empleadores que no cumplen con las obligaciones laborales que establecen las leyes nacionales que tanto dicen cumplir.

 Pero para que esto no quede en meras enunciaciones vamos a realizar una breve reseña, no taxativa, de algunas de las irregularidades de las que ha tomado conocimiento SADOP respecto de de algunos Colegios que la FESAIEP incluye en su web como instituciones asociadas:

1. En  el colegio  CENTRO EDUCATIVO LATINOAMERICANO, una docente fue despedida “con causa” pero sin sumario,  según la patronal por comentarios PRIVADOS en redes sociales. En juicio en la actualidad, ya que la citada causal no fue comprobada a través del proceso sumarial administrativo que corresponde.

2. En el colegio GROGNET sistemáticamente a las docentes con cargos autorizados (sin aportes) son presionadas para levantar sus licencias por enfermedad para evitar pagar dos sueldos en el mismo cargo docente. Se registraron varios casos de docentes que manifestaron ser perseguidos a causa de su afiliación a SADOP.

3. En el colegio LOS ARROYOS se recibieron denuncias de docentes presionados en su accionar pedagógico,  desvalorizando sus conocimientos a pesar de tener un título habilitante desconociéndose las habilidades del profesional docente y los derechos como trabajadores.

34. En los colegios Dr HERMAN GMEINER Y Dr ALBERT SABIN se denunciaron serios problemas relacionados con las condiciones y medio ambiente de trabajo.

5. En las escuelas BIALIK, GURÍ, GMEINER, SAN JORGE, GIUSSEPE GARIBALDI, JOAN MIRÓ, CRISTIANO REDENTOR, GATO DUMAS,  LELOIR se recepcionan, regularmente, un sinnúmero de reclamos de salarios mal liquidados. Existen docentes que perciben montos remuneraciones menores a las consignadas en los recibos de sueldo; salarios no bancarizados, deudas a la seguridad social, aún cuando figuran descontados en el recibo de sueldo. Se obliga a los trabajadores a realizar horas suplementarias (reuniones plenarias, actividades extra curriculares, fiestas) y al docente que no asiste han tenido descuentos de salario y han sido sancionados (apercibimientos, notificaciones)

6. En el COMPLEJO EDUCATIVO ALBERDI desconocen los dictámenes de las Junta Médica provocando una relación laboral inestable, dado que la docente titular del cargo cumple función de auxiliar y la reemplazante  está a cargo del grupo. Además quieren tomar por definitiva una renuncia condicionada por jubilación dejando a un docente SIN SUELDO.

7. Los Colegios Padre Barbe, JN Bialik, CONNAR, Cristiano Redentor, Zona Oeste, Centro de Estudios Superiores,  han registrado incumplimiento con la obligación de ingresar los aportes y/o contribuciones a la Obra Social en tiempo y forma. Lo que implica desviar de su destino los aportes realizados con los salarios docentes y no cumplir con los aportes patronales, registrando demoras que generan perjuicios a los docentes que deben ser solucionados con respuestas de emergencia de la Obra Social.

8. Los Establecimientos  San Jorge, Luis F. Leloir, Complejo Educativo de Alberdi, Cristiana Evangélica Argentina, Cristiana Evangélica Nuevo Alberdi  requieren fiscalización permanente de la Obra Social ya que directamente no pagan los aportes y contribuciones patronales destinados a la Salud, incurriendo en prácticas reñidas tanto con la ley como con el deber de diligencia y buena fe laboral.

9. De la misma manera los siguientes establecimientos retienen los aportes sindicales del sueldo de sus docentes y los ingresan a SADOP fuera de término generando una conducta de pago irregular que permite una utilización de los mismos apartada de su destino legal: Leonardo Da Vinci, Padre Barbe,  Luis F. Leloir, Grognet, Sancti Spiritu, Integral de Fisherton, Cristiano Redentor, Vivir y Convivir.

10. El colegio San Jorge  y la escuela Cristina Evangélica Argentina directamente no cumplen sus obligaciones retener y aportar al Sindicato la cuota sindical de aquellos docentes que se afilian.

Tanto el listado como las enunciaciones son elocuentes: En las entidades que representa la FESAIEP no sólo se producen aprietes y despidos sino que además se dan graves incumplimientos de las obligaciones laborales.

Sin embargo no deja de llamar la atención el cinismo con el cual se sostiene con una crudeza que roza la crueldad: “Aseguran que los despidos docentes ‘se meditan y deciden’ con ‘seriedad’” [iii] . La frase es palmaria en tanto describe una realidad hasta ahora negada: En las Escuelas Privadas se despiden docentes y se pagan indemnizaciones por ello.

Lo que sigue no es una confesión menor: Como el estado no paga indemnizaciones el dinero sale del pago de la cuota que esforzadamente realizan los padres y que en lugar de destinarse al mejoramiento del proyecto educativo (sea en infraestructura, salarios, recursos pedagógicos, actualización de los recursos tecnológicos, etc.)  La confesión de parte nos exime de mayores argumentos. 

Cabe preguntarse que entienden algunos empleadores por administración responsable más aún cuando la mayoría de las instituciones educativas están constituidas bajo figuras jurídicas sin fines de lucro por lo cual quienes administran el patrimonio de las escuelas no lo hacen por cuenta o beneficio propio sino que lo hacen a favor de los objetivos institucionales y comunitarios.

Lo llamativo de la situación es la liviandad con la que los empleadores se presentan como víctimas de una situación injusta. La realidad está lejos de demostrar que los despidos se  “se meditan y deciden" con "seriedad".

Como cabal ejemplo de lo que se sostiene vamos a citar el caso del Instituto Fisherton de Educación Integral tal cual fuera puesto en conocimiento de los padres y el SADOP de parte de los docentes: A finales de septiembre minutos antes de que terminara la jornada, en soledad, sin saber los motivos por los que fue convocada y sin la asistencia de los delegados gremiales, una docente fue llamada a una reunión donde se le ofrecieron dos opciones: enviarle un telegrama de despido o que envié su renuncia. En ambos casos recibiría una indemnización. A partir de allí los hechos evidencian la clara intención de impedir que la docente pudiera pensar o asesorarse sobre sus derechos. Con el argumento de evitar que queden "antecedentes" en su legajo el representante legal le sugiere que renuncie.  Aturdida y confundida la docente accede a renunciar para lo cual es el mismo representante legal; quien la acompañó hasta su casa a buscar el documento y también al correo a enviar el telegrama de renuncia que él mismo había redactado DE PUÑO Y LETRA.

El firme y solidario accionar gremial del cuerpo docente acompañado por SADOP y los groseros errores procedimentales de las autoridades de la Institución lograron que la medida fuera reconsiderada y la docente reincorporada a sus funciones. A pesar de todo lo ocurrido y la evidente animosidad por concretar el despido nunca se conocieron los fundamentos del mismo.

El caso no pasaría de ser uno más si no fuera porque el representante legal del Instituto Integral del Fisherton es el Apoderado Legal de la FESAIEP y el autor de la frase: “no somos patronales apretadoras”.

Ante la evidencia de los hechos sobran las palabras.

SADOP no miente y la finalidad de la ley no es caprichosa como sí lo son las razones que dan lugar a los despidos.  A tal punto llega la arbitrariedad, que las escuelas prefieren malgastar sus recursos antes que realizar un sumario que además de evitarles erogaciones económicas permite un adecuado derecho de defensa del docente.

La FESAIEP es la primera en reclamar el aumento de cuotas para afrontar los aumentos salariales confundiendo a la opinión pública. Hoy la mentira ha quedado expuesta: Los propios representantes de la Cámara Patronal aceptan que el monto de la cuota tiene varios destinos: mantenimiento, infraestructura, salarios no incorporados y, también,  las indemnizaciones.  

Más que nunca queda claro que el sueldo de los docentes es subsidiado en gran parte por el Estado.

Todo lo dicho viene a ratificar una postura. En tiempos donde el sector privado de la economía invierte cada vez más recursos en programas de responsabilidad social empresaria, las escuelas privadas se resisten a asumir compromisos sociales (despedir con causa) a pesar de los 2100 millones de pesos que el estado va a transferirle en el año 2013.

La justicia social no admite un modelo educativo que permita que al momento de recibir aportes estatales las escuelas pretendan los beneficios del sector público y al momento de ejercer como empleadores todas las prerrogativas del empleo privado.  El principio es simple: A mayor aporte colectivo mayores responsabilidades para con el bien común.

Quienes no deseen asumir estas responsabilidades, siempre tienen el camino de desestimar los aportes del estado y funcionar como empresas privadas respetando los lineamientos de las leyes educativas nacionales y provinciales.

Esa es la dicotomía que deben resolver los empleadores.

Los trabajadores de la educación privada ya tenemos posición tomada: seguiremos luchando contra la arbitrariedad, aún cuando otros sigan defendiendo su “derecho” a ser arbitrarios.

Martín Lucero

Secretario General

Concejo Directivo

SADOP Rosario